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Posiblemente será a causa de la
edad, pero muchas de las ideas con las que he vivido parecen hundirse,
disolverse en el acontecer de cada día. Hoy me inquieta la justicia. Desde la
ley del Talión a nuestros fluctuantes leyes actuales, pasando por   el
derecho romano o la obra de Beccaria “De los delitos y las penas” todo parece
desencuadernado.

No comprendo que se imponga mayor
pena de prisión por apropiarse dinero del erario público que por asesinar a
sangre fría a personas inocentes. Muchos de los terroristas de ETA van consiguiendo
su libertad, pero si dividimos el total de tiempo de prisión por el número de
las personas inocentes que asesinaron no parece que exista proporción entre los
delitos y las penas.

La Ley del Talión exigía “ojo por
ojo y diente por diente”  pero en el caso
del asesinato de un semejante ¿qué habría que hacer? ¿matar al asesino?. Por
fortuna aquella vieja ley quedó superada, pero el principio de que quien causa
un daño o comete un delito, viene obligado a reparar el daño causado en cuanto
sea posible, pensaba que seguía vigente, pero al parecer no es así.

Los ladrones que se quedan con
dinero ajeno vienen obligados a devolver lo robado a su legítimo dueño, pero
los que aprovechando su situación, se quedan con el dinero del erario público,
pueden ser absueltos o condenados a penas de prisión más elevadas que las
aplicadas a los asesinos, pero la devolución de lo robado no siempre se
produce.

Creía que los ladrones que
devuelven lo robado tendrían que ser privados de libertad por menos tiempo que
los que no lo hacen. El dato de lo que
se recupera de lo robado por políticos, autoridades o funcionarios infieles
sería interesante conocerlo.

También he creído siempre que
forma parte del buen gobierno la
vigilancia en el uso del dinero que pagamos  a través de impuestos los sufridos
contribuyentes. Y uno puede preguntarse ¿cómo es posible que nadie vigile
lo que pasa con los dineros públicos? Tan responsable es el que roba como el
que consiente en el robo. La obligación
anual de rendir cuentas, de presentar la cuenta de resultados, rige para las
comunidades de vecinos, los bancos, las empresas y hasta las ONGS, pero el
gobierno de turno siempre elude tal cosa mientras nos habla de los
presupuestos.

El descuadre entre ingresos
presupuestados y gastos realizados ¿Cómo se resuelve? Todas las explicaciones
del gobierno con sus porcentajes de crecimiento o de recesión, que solos
técnicos comprenden,  no las entendemos
los ciudadanos de a pié que al fin y al cabo lo soportamos todo.

Tampoco se entiende el
funcionamiento de la justicia que nos tiene acostumbrados a dictar sentencias,
en los casos que involucran a partidos y políticos, después de bastantes años
de los hechos que se enjuician. La
lentitud de la justicia desmerece de su alta función.

El famoso secreto del sumario no
impide que se aplique a muchas personas la pena de telediario y convierta el
principio de presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.

La Junta de Andalucía ha sido
condenada hace unos días a indemnizar a un empresario con 160 millones de euros
por haber paralizado indebidamente unas obras durante tres años. Esta
importante cantidad que podía haber servido para muchas cosas del bien común,
aunque parezca que la paga la Junta, quienes 
la pagaremos en realidad seremos todos los contribuyentes. Los que dictaron la orden de paralización
¿no son culpables de nada?  El tribunal
que ha tardado tanto en tiempo en dictar sentencia ¿tampoco?